En concreto, hoy entra en vigor la reforma de las leyes procesales (Ley 13/2009, de 3 de noviembre) para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

El nuevo sistema busca romper con la configuración clásica de oficina o secretaría de juzgado independiente y sin conexión con las demás, para configurarse en dos unidades básicas de trabajo: la unidad procesal de apoyo directo y los distintos servicios comunes.

Según el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, "este nuevo modelo hará real una Administración de Justicia homologable, en su vertiente de servicio público esencial, a otros servicios públicos avanzados".

Caamaño añadió que se trata de una auténtica transformación funcional de los juzgados y tribunales que, asimismo, incorporará las modernas tecnologías de la información y la comunicación.

Justicia destaca que la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial será progresiva, agilizará y modernizará los tribunales y mejorará la calidad del servicio que se presta al ciudadano.

El Ministerio añadió que la distribución de competencias entre jueces y tribunales y los secretarios judiciales, a fin de dotar de seguridad jurídica al sistema, responde también a las recomendaciones del Consejo de Europa, que insta a descargar a los jueces del ejercicio de tareas no estrictamente jurisdiccionales.