Dependencia. Caldera anima a los madrileños a ser "críticos" con el Gobierno de Aguirre
- Pide "un esfuerzo" a Galicia para cumplir con el calendario de la Ley de Dependencia
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Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con el PSOE cuando se gestó la Ley de Dependencia, animó hoy a los madrileños que sean o puedan ser beneficiarios de esta norma a ser "críticos" con el Gobierno de Aguirre y, en la misma línea, pidió a la Xunta de Galicia "un esfuerzo" para cumplir con el calendario de la norma".
"Es verdad que (la Comunidad de Madrid) está a la cola de la gestión" de la Ley de Dependencia en España, respondió el ex ministro a un lector que le preguntó en un encuentro virtual en "El País" recogido por Servimedia sobre "¿cómo pueden contribuir los damnificados a mejorar "la pésima y malintencionada gestión del desarrollo de la Ley de Dependencia por parte de la Comunidad de Madrid".
A su juicio, los madrileños deben "elevar la crítica para sensibilizar al Gobierno regional, que tiene que considerar esta ley como prioritaria".
Caldera, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas, pidió también "un esfuerzo" al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, para cumplir con el calendario de la Ley de Dependencia y empezar a valorar y conceder las prestaciones que corresponda a los dependientes moderados en 2011.
"Habría que hacer un esfuerzo por no demorar la implantación de la ley. Primero por que supone un nuevo derecho de ciudadanía y, segundo, porque es un motor de crecimiento económico indispensable ahora y en el futuro", aseguró.
Y es que, la Xunta ha advertido ya al Gobierno central que será difícil cumplir con este plazo por la actual situación económica, por lo que ha propuesto una moratoria para las personas más afectadas hasta que la crisis pase.
Sin embargo, Caldera señaló que se está cumpliendo "más o menos adecuadamente" con el coste del sistema de dependencia, que, además, dijo, ha generado desde su puesta en funcionamiento en 2007 unos 100.000 puestos de trabajo.
Por último, Jesús Caldera reconoció que hay "distintas velocidades" en la implantación de la ley en las CCAA, si bien achacó el problema a la "situación de partida" de cada autonomía.
Según razonó, las comunidades que ahora tienen más dificultades en la aplicación de la norma son, en general, las que no prestaron atención al desarrollo de los servicios sociales antes de la implantación de la norma, que, agregó, coinciden mayoritariamente con las que tenían Gobiernos (conservadores).
(SERVIMEDIA)
03 Mayo 2010
IGA/man