En la trigésimo primera sesión del juicio por la primera etapa del `caso Gürtel´, Bárcenas explicó que el dinero que obtenía de sus transacciones comerciales en el extranjero lo ingresaba en una cuenta en Suiza. El dinero procedía de operaciones realizadas en Puerto Rico, Alemania y Estados Unidos. “Prefería tener el dinero fuera de España”, reconoció, antes de afirma que “no están declarados, eso es así".

Desde el momento en que abrió esas cuentas en 1988 y hasta 2005, los fondos estaban en una cuenta a su nombre. “No me ocultaba de nadie” y gestionaba el fondo sin “una sociedad pantalla ni nada por el estilo”, en todo caso, dijo, “sería una sociedad visillo, porque se me veía perfectamente”.

Fue en 2004, cuando fue elegido senador y se convirtió para las entidades suizas en una “Persona Expuesta Políticamente”, cuando le aconsejan crear una fundación (Sinequanon) para gestionar esas cuentas, porque, a diferencia de lo que ocurre con una sociedad mercantil, esta fórmula establece “poderes restringidos, no de disposición que restringe la capacidad a gestionar los fondos, órdenes de compra y venta”.

Bárcenas volvió a exculpar a su mujer, Rosalía Iglesias, de responsabilidad en estas operaciones. Insistió en que ella nunca supo de la existencia de esa fundación ni de los fondos en el extranjero, "porque yo nunca le informe".

Al inicio de la sesión trigésimo primera del juicio del 'caso Gürtel', la Fiscalía presentó una nueva batería de documentos procedentes de las autoridades suizas sobre los fondos de Bárcenas depositados allí. La Abogacía del Estado considera que la valoración de esos documentos por el tribunal es “procedente y muy interesante”, opinión que compartieron las demás acusaciones.

El abogado de Bárcenas, en cambio, solicitó al tribunal el rechazo de estos documentos como prueba, porque son relativos al delito de evasión fiscal que no existe en la legislación suiza, que únicamente castiga el fraude fiscal.

El tribunal acordó aceptar la presentación de esta documentación, aunque decidirá su valor como prueba en el momento de dictar sentencia, cuando tendrá que decidir si el delito de fraude fiscal y el de evasión castigan el mismo tipo de actos.