Dicha medida de apoyo a los hogares vulnerables lleva en vigor desde el pasado 25 de diciembre y está pendiente de su desarrollo reglamentario, que se debe producir antes del 25 de marzo.

De momento, el bono se mantiene igual que antes de su suspensión por parte del Tribunal Supremo, por lo que permite un descuento del 25% del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) a determinados consumidores, entre ellos, aquellos hogares con todos sus miembros en paro, los de jubilados que perciben la pensión mínima o familias numerosas.

Por ello, tras ajustar su sistema de financiación a los requerimientos del Alto Tribunal, el Gobierno quiere ahora llegar a acuerdos con los grupos de la oposición que le permitan mejorarlo.

El decreto ya en vigor establece la prohibición de cortar el suministro eléctrico a los consumidores que tengan la condición de vulnerables severos aunque todavía no es efectiva ya que debe esperarse a la aprobación del reglamento a través de otro decreto.

Según lo recogido en este texto normativo, se ha creado una nueva categoría en la lista de suministros de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales (que no se puede cortar), que incluye a los suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas por hallarse en riesgo de exclusión.

Estas prohibiciones de corte de suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual y el cumplimiento de los requisitos indicados deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas.

Asimismo, la asunción parcial del coste que pueda derivarse del suministro de energía eléctrica a este nuevo colectivo de suministros esenciales se configura como una nueva obligación de servicio público, lo que supone que tendrá aportaciones de las compañías eléctricas, que tendrán carácter parcial o de cofinanciación, complementando las que realicen las administraciones públicas.

Las aportaciones que deban realizarse por este concepto estarán diferenciadas de las que correspondan al bono social y tendrán un límite máximo a fijar por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Por otro lado, el decreto modifica la definición de consumidores vulnerables para incluir distintos colectivos de vulnerables atendiendo a sus características sociales y poder adquisitivo, y a los umbrales de renta.

Así, la definición de estas categorías de hogares vulnerables responderá también a otros en atención a las circunstancias personales y familiares de cada hogar, que podrán referirse al número de miembros de la unidad familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo o discapacitados, entre otras cuestiones.

En consecuencia, el valor base sobre el que se aplique el bono social podrá ser distinto según las categorías de consumidores vulnerables que se establezcan, y, aunque seguirá denominándose tarifa de último recurso, podrá haber más de una.

Además, se amplía hasta cuatro meses el plazo para suspender el suministro en caso de impago para algunos consumidores vulnerables, que también se deberán determinar reglamentariamente.