Fernando García Capelo, abogado del Foro, dijo a Servimedia que restringir la acción popular sería "un retroceso de la participación democrática de los ciudadanos en la Justicia".

García Capelo valoraba así que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, haya anunciado esta intención del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. Al parecer, la opción que baraja el Ejecutivo es que la acción popular sólo pueda personarse cuando lo hagan la Fiscalía o la acusación particular.

A este respecto, el abogado del Foro sostuvo que esto llevaría "a la impunidad más absoluta de todos los delitos de contenido político", ya que en España hay una Fiscalía cuyo responsable es elegido "por el partido del Gobierno".

Además, este letrado señaló que, de llevarse a cabo esta reforma, sería "otro elemento para pensar que se está preparando el terreno para la negociación" con ETA, en la que, manifestó, "el Gobierno pactó con ETA una tregua y la Fiscalía se negó a acusar a los etarras".