Vielmann tiene nacionalidad española desde el año 2009. La Fiscalía reclama para él 20 años de prisión por cada uno de los reos asesinados, lo que hace un total de 160 años. También pide su inhabilitación absoluta hasta un máximo de 40 años. Además de estas condenas, el exministro tendría que indemnizar con 300.000 euros a los familiares de cada fallecido.

El juicio comenzará este martes en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal y se celebrará hasta el próximo 22 de febrero. La decisión de juzgarlo la tomó en noviembre de 2013 el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que encontró indicios suficientes para considerarle creador de una “estructura criminal parapolicial” y de “un cuerpo clandestino del seguridad dentro del propio Ministerio de Gobernación” para “ejecutar extrajudicialmente” a los reclusos.

Vielmann fue detenido en octubre de 2010 en Madrid, pero salió en libertad un mes más tarde porque la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala no realizó el proceso para ejecutar la petición de extradición que había formulado.

También la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apreció datos que avalaban la participación de Vielmann “en la cadena de hechos que determinaron el fallecimiento, en trágicas circunstancias, del fugado de la cárcel conocida como 'El infiernito' y de los siete penados que aparecieron muertos después del asalto a la cárcel de Pavón”.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el exministro guatemalteco diseñó el llamado 'Plan Gavilán' con el fin de capturar a 19 reclusos fugados de la cárcel de máxima seguridad 'El infiernito'. Tras su apresamiento, Vielmann y varios de sus colaboradores en el ministerio decidieron matarlos en vez de entregarlos a las autoridades penitenciarias.

De acuerdo con ese plan, el 3 de noviembre de 2005 detuvieron en su domicilio a uno de los presos fugados, Edwin Santacruz Rodríguez, que apareció muerto. En junio de 2006, el acusado diseñó el 'Plan Pavo Real' para acabar con los presos que lideraban a los encarcelados en la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación ‘Pavón’, ubicada en Fraijanes, que protagonizaron un motín.

Según consta en la investigación, el plan de ejecución de estos presos fue respaldado por el entonces presidente de la República de Guatemala, Óscar Berger, quien “dio su autorización a la realización del asalto con el objetivo oficial de recuperar la gestión del centro”. En el curso de la operación murieron las otras siete personas por cuya muerte se le va a juzgar.

Vielmann afirmó que el primero de los presos trataba de huir y resultó muerto tras un enfrentamiento armado con fuerzas policiales. En el caso de los amotinados, el ministerio que dirigía hizo público un vídeo trucado en el que aparecían los cadáveres de los presos con granadas y armas en la mano.