En cuanto a la recién aprobada Ley de Interrupción Involuntaria del Embarazo, manifestó que "no se puede consentir un periodo diferente (en los plazos estipulados de interrupción del embarazo) para el no nacido cuando venga con discapacidad".

En este sentido, lamentó que España no haya recogido el espíritu de la Convención en la citada Ley. "Aquellos Estados que hayan ratificado la Convención, deberán revisar sus legislaciones normativas y políticas para que se pueda hacer efectivo el derecho a la vida de las personas con discapacidad y no exista discriminación".

Según Peláez, "se debe respetar el derecho de las personas con síndrome de Down a decidir cuántos hijos quieren tener y ofrecer los medios necesarios para ejercer sus derechos, así como a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás personas".

La vicepresidenta del Comité de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad lamentó que gran parte del derecho a la vida siga centrándose en un paradigma médico ya superado, que afirma que "la discapacidad es la consecuencia de la incapacidad del cuerpo para funcionar con normalidad".

En este sentido, manifestó que "teniendo en cuenta la prevalencia de este modelo, no extraña que aún existan políticas encaminadas a rechazar la discapacidad".

Respecto al aborto eugenésico, Peláez declaró que está condicionado por dos factores: la información que se da a los progenitores sobre la realidad de las personas con síndrome de Down y la estigmatización social que se hace de la discapacidad.