Pérez Bueno, que participó en el II Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down, señaló que esto supone "una cantidad ínfima, de la que podemos extraer la conclusión de que todavía queda mucho por hacer". Sin embargo destacó como un dato positivo el que hace referencia a Ceuta y Melilla, donde la suma de servicios de promoción y prevención supone el 10,5% del total.

En este sentido, el presidente del Cermi apostó por la importancia de los servicios sociales especializados. "Constituirían un itinerario individualizado de autonomía personal, al mismo tiempo que supondrían un nuevo modelo de gestión público con las entidades no lucrativas del sector de la discapacidad", indicó.

"Nos encontramos en el momento de pedir configurar estos servicios de promoción de la autonomía personal e, incluso, poder proporcionar este servicio como un oficio a todas las personas en situación de dependencia en las distintas Comunidades Autónomas", agregó el presidente del Cermi.

Así, añadió, "estamos trabajando en intentar influir en las distintas Comunidades Autónomas que todavía no lo han regulado, con el objetivo de que, al menos, en sus territorios, se puedan regular buenos servicios de promoción de la autonomía personal y que pueda ser una realidad en nuestro país".

"A pesar de que, quizás, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia no satisfaga las aspiraciones de buena parte de los movimientos sociales o de la ciudadanía, tiene potenciales para abrirse a unas políticas activas de promoción de la autonomía personal", concluyó.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Vivienda y Cooperación Internacional del Principado de Asturias, Noemí Martín destacó que "hay que tener en cuenta que, dentro del contexto de crisis actual, que afecta a los ingresos de las Administraciones Públicas, hay que estar en alerta porque aunque se haya avanzado mucho y se hayan consolidado los servicios sociales, también es el sector más vulnerable del Estado de Bienestar Social".

"En un contexto así, las políticas públicas deben dirigirse a la atención a las personas, a la protección social, a la consolidación de los derechos a la ciudadanía y de la propia Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia", añadió.

En su opinión, "se ha avanzado mucho en los tres años de aplicación de la Ley, en materia de atención a la discapacidad, pero todavía tenemos que mejorar, de cara a un futuro, en lo que se refiere a la prestación de servicios y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad".

El secretario general para la Atención a la Dependencia de la Junta de Andalucía, Julio Samuel Coca, manifestó que "desde la Junta, tenemos en cuenta el posicionamiento del Cermi para los servicios de prestación de autonomía personal, para lo que estamos trabajando de una manera coordinada, con el objetivo de promover las condiciones mínimas para este fin".

Así, adelantó que están elaborando el Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Situación de Dependencia, gracias al cual "analizaremos las necesidades que presentan las personas en situación de dependencia, así como las de asesoramiento y orientación a las familias".