La Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (OBA) establece las relaciones entre Telefónica y sus competidores cuando estos le alquilan las líneas (mayoristas) para ofrecer conexiones de banda ancha y teléfono a sus clientes. La OBA incluye, entre otros muchos aspectos, los precios del alquiler de esas líneas (bucles), los tiempos de suministro o la gestión de averías y sus penalizaciones.

Tras la instrucción del expediente, la CNMC ha acreditado que Telefónica, durante el citado periodo, “no se responsabilizó de una gran proporción de las averías en las líneas de los clientes de otros operadores”, considerando los trabajos que le solicitaban los operadores rivales como una ‘falsa avería’ y, en consecuencia, les aplicó unas penalizaciones mayoristas (26,12 euros por línea) por esas gestiones.

La imputación a Telefónica de una avería por un operador alternativo puede acarrear en algunos supuestos su declaración por Telefónica como ‘falsa avería’ y conllevar el pago de dicha penalización por parte del operador alternativo.

En este sentido, se deben llevar a cabo unas tareas de comprobación determinadas e identificar claramente la causa (está prohibido imputarlas en algunos supuestos contemplados en la OBA) y deben documentarse correctamente frente al operador alternativo, “condiciones que no se han cumplido en los casos analizados durante la instrucción del expediente”, según la resolución de la CNMC.

La CNMC ha acreditado un “alto porcentaje” de averías incorrectamente imputadas como 'falsas' (entre el 53,8% y el 78,2% del total de falsas averías identificadas por Telefónica estarían mal imputadas).

“Este hecho permite deducir que la problemática asociada a la gestión de falsas averías está muy expandida, y puede haber supuesto pérdidas para los operadores alternativos de varios millones de euros, además de afectar a la imagen y credibilidad de estas empresas frente a sus clientes”, recalcó la comisión.

La CNMC recuerda que, frente a esta resolución, Telefónica España podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.