En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el Ejecutivo respeta la decisión del Parlamento de Cataluña de declarar incompetente al Tribunal Constitucional, pero no la comparte.

En contra de esa iniciativa, defendió que para el Gobierno el Tribunal tiene “toda la legitimidad” para abordar los asuntos pendientes, como institución y con independencia de su composición en cada momento.

La renovación depende en su mayor parte del Senado, recordó, y el procedimiento para abordarla lo puso en marcha el Gobierno pero el PP “lo bloqueó de manera irresponsable” al proponer los mismos candidatos en todas las comunidades autónomas, “desnaturalizando” con ello el mecanismo acordado, y ahora “se jacta de ello”.

El hecho de que el presidente de la Generalitat, José Montilla, reclame la comparecencia de la propia Fernández de la Vega no es algo que preocupe al Gobierno, aseguró la vicepresidenta, porque no hay “ningún temor al debate” y la posición sobre este asunto es “muy clara”.