Así lo anunciaron este martes Alianza por la Solidaridad y Amigos de la tierra, que junto a ONG guatemaltecas piden desde hace tiempo lasuspensión del proyecto.

En un comunicado, estos colectivos celebraron la decisión de la empresa española, ya que entienden que de esta forma se salvaguarda la conservación de “un territorio de gran valor ambiental, considerado sagrado por los pueblos indígenas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti".

La compañía ya había paralizado las obras hace meses en el departamento de Huehuetenango y retirado los cargos contra los líderes indígenas denunciados y encarcelados por rechazar la implantación de la hidroeléctrica.

Sin embargo, las asociaciones que se han movilizado aseguran que la hidroeléctrica no había renunciado oficialmente a la concesión, por lo que las comunidades indígenas temían su regreso en el futuro.

En una nota recogida por medios de Guatemala, la hidroeléctrica admitió que el proyecto "no ha adquirido la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en los que pretendía instalarse".

POBLACIÓN EN CONTRA

Ecoener-Hidralia entró en Guatemala en el año 2007 con la intención de construir un proyecto hidroeléctrico en el río Canbalam, en el territorio indígena de Santa Cruz de Barillas.

Según las ONG, la empresa se asentó en el país vulnerando los derechos de las comunidades residentes en la zona. Violó el derecho a una consulta previa sobre la obra, libre e informada, y fomentó la represión contra los líderes de las comunidades que se opusieron a ella.

Ante la falta de consenso, las propias comunidades realizaron una consulta popular, en la que más del 90% de la población se opuso de forma tajante al proyecto de la empresa gallega.

En 2015, Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra iniciaron una recogida de firmas para reclamar la desestimación de la obra y el fin de las acciones contra las poblaciones indígenas. Todas ellas fueron entregadas El pasado 4 de noviembre al embajador de Guatemala en España, Fernando Molina Girón, unos días después de que las ONG presentasen este caso ante la ONU.