De la cuantía total, 228 millones de euros de ahorro será pérdida de ingresos de los colegios profesionales, y 579 millones son cargas administrativas en general.

Según informó el secretario general de Política Económica, Ángel Torres, con la nueva regulación se exigirá el visado para una decena de trabajos profesionales, frente a los 82 que se requieren en estos momentos.

Así, casi el 90% de los visados profesionales serán voluntarios, pues no se elimina ninguno, indicó Torres, quien añadió que se han mantenido como obligatorios "sólo en los casos estrictamente necesarios".

Los obligatorios serán: tres relacionados con la edificación, uno con la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios, tres en el área de explosivos, dos en voladuras y demoliciones de edificios y uno en aprovechamiento de recursos mineros.

Los visados profesionales garantizan la identidad y habilitación del profesional que firma el trabajo y sirven para comprobar la corrección e integración formal del trabajo de acuerdo a la normativa.

El responsable de Política Económica quiso dejar claro que la seguridad no se verá mermada por la reducción de los visados obligatorios. "La seguridad es el objetivo prioritario, está plenamente garantizada", subrayó, para agregar que "hay otros instrumentos para garantizar la seguridad de los ciudadanos".

El proyecto de Real Decreto inicia ahora su tramitación con una consulta pública, para pasar después a ser analizado por el Consejo de Estado, tras lo que se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación, lo que previsiblemente sucederá a finales de junio o principios de julio.