Así lo indicó en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que acudieron diferentes personalidades políticas, entre las que se encontraba la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; empresariales, como los presidentes de Cepyme y Ceim, y sindicales, como los secretarios generales de CCOO y UGT.

Rosell afirmó que se trata de una sentencia europea y que, por tanto, “hay que cumplirla”, y añadió que “las sentencias son sentencias y si hay que cumplirlas, pues se debe cumplir con ellas”, aunque matizó que "habrá que ver cómo y de qué manera”.

Según las estimaciones, los bancos, entre los que se encuentran Banco Popular, BBVA o Bankia, deberán devolver una cifra que ronda los 7.000 millones de euros.