Sáenz de Santamaría cifra en 15.000 millones el coste de las iniciativas parlamentarias vetadas

MADRID
SERVIMEDIA

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cifró este miércoles en 15.000 millones de euros el coste de las iniciativas parlamentarias vetadas por el Ejecutivo, y apeló a la "responsabilidad" para ejercer esa potestad constitucional y evitar una alteración de las previsiones presupuestarias.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la secretaria de Estudios de Podemos, Carolina Bescansa, preguntó a la vicepresidenta si tiene previsto seguir utilizando esa prerrogativa constitucional, que es excepcional y que puede implicar un "secuestro" de la acción legislativa del Parlamento.

La vicepresidenta ironizó con la insistencia de Podemos en esa pregunta, que ya ha respondido más veces que diputados de ese grupo había sentados en sus escaños a primera hora de la mañana. Denunció que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón le han pedido que el Gobierno "sustituya" la iniciativa legislativa del Parlamento y ahora la acusan de "secuestrar" esa potestad.

Pidió por ello a ese grupo "unidad de criterio" partiendo de los principios de separación de poderes y de respeto a las competencias que a cada cual atribuye la Constitución.

Bescansa denunció que en los últimos 50 días el Gobierno ha vetado 14 proposiciones de ley de los grupos, a una media de una cada tres días, algo que no tiene precedentes en el funcionamiento del Parlamento y que no tiene más explicación que el intento de utilizar la Constitución como "pala con la que cavar la última trinchera" que permite al PP seguir gobernando como si tuviera mayoría absoluta aunque no la tenga.

En su opinión, privar permanentemente al Parlamento de la capacidad para "reordenar" los recursos públicos equivale a impedir que legisle "sobre lo importante".

Sáenz de Santamaría replicó que en apenas mes y medio de legislatura se han debatido en el Congreso 18 proposiciones de ley, lo cual demuestra que hay debate sobre "cuestiones importantes" que tienen tanto rango legal como los Presupuestos, la ley que el Gobierno trata de "amparar y proteger" ante esas "disconformidades".

Aseguró, en ese punto, que esas iniciativas vetadas habrían implicado gastar "de una tacada 15.000 millones" de euros, la mitad de los recursos de todos los ministerios, lo cual impediría hacer las transferencias necesarias para que las comunidades autónomas presten los servicios de sanidad y educación, financiar las infraestructuras "que un pleno tras otro nos reclaman" o satisfacer las subvenciones públicas que dependen del Estado.

Subrayó, además, que sí hay precedentes y que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hubo 96 "disconformidades" de ese tipo.

La vicepresidenta apeló a la potestad y a la obligación del Gobierno para "preservar" la recuperación económica, porque "gastar sin control" situó a España "al borde de un rescate" y la senda emprendida puede "devaluar" y "derogar" la recuperación. "Alguien tiene que ser responsable", dijo, y lo será el Gobierno del PP.

(SERVIMEDIA)
21 Dic 2016
CLC/caa