Esta iniciativa fue llevada por el PSOE a la Cámara mediante una proposición de ley que persigue garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, que fue apoyada ampliamente por los grupos, frente al rechazo del Partido Popular.

La proposición de ley del PSOE incluye la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para que no haya diferencias entre subcontratados, derivadas de la aplicación del convenio de la empresa principal en algunos casos y, de la empresa subcontratada en otros.

Además, el objetivo es que se aplique el convenio del sector y con esta iniciativa aportar seguridad jurídica a la subcontratación de servicios. Así, pretenden constituir una subcomisión para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y que los cambios que se planteen sean acordados en el marco del diálogo social.

El PSOE, en boca de Tamara Raya, defendió que "tenemos un país sembrado de desigualdades" y "tenemos trabajadores pobres". Frente a la "trompetería" del Partido Popular pidió adoptar medidas que contribuyan a equiparar las condiciones de los empleados de empresas subcontratadas con las de los empleados de la matriz.

Por su parte, el diputado popular Alfonso Candón, defendió que la subcontratación "no es tan mala como nos quieren hacer ver", puesto que permite reducir costes o convertir costes fijos en variables, entre otros beneficios.

No obstante, reconoció que es cierto que se producen abusos como las cadenas de subcontratación pero que, en términos generales, "es buena y favorable".

Además, recordó que existen "herramientas" suficientes para asegurar los derechos de los empleados porque las subcontratas en sí mismas "no son un problema". "Si lo hacemos, corremos el riesgo de paralizar estas relaciones laborales", sentenció.