Según destacó en un comunicado, tras el País Vasco, Baleares, Asturias, la Región de Murcia, Aragón y Galicia, que ya han regulado esta fórmula, “Andalucía establece legalmente el concierto social como nueva modalidad para la mejor gestión de los servicios sociales de proximidad por parte de las entidades no lucrativas de acción social”.

Según el comité, ese “logro social” ha obedecido a la demandas que el Cermi Andalucía y de la Mesa del Tercer Sector de esa comunidad autónoma han venido reclamando a la Junta de Andalucía, para dotar de un marco de estabilidad y calidad a los servicios sociales.

"Las fórmulas tradicionales vigentes de contratación pública aplicadas con generalidad por las comunidades autónomas tales como el concurso, la subasta o la subvención, no son en absoluto adecuadas para la gestión de servicios de proximidad, restando eficacia y calidad a las prestaciones públicas y poniendo en riesgo los apoyos a la inclusión y al bienestar de las personas con discapacidad y sus familias”, denuncia el comité.

Por ello, a la espera de que el Estado transponga al derecho español las directivas europeas del año 2014 sobre contratación pública, que deberán traducirse en una nueva ley de contratos del sector público, el Cermi reclama a las autonomías que aún no lo han regulado que establezcan mediante los cambios de sus leyes de servicios sociales el concierto social en su ámbito de actuación.