En estos términos se manifestó González Zapico durante las jornadas ’2006-2016: 10 años de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia: ¿Más y mejor protección social una década después?’, organizadas por el Cermi en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid, cuando se cumplen 10 años de la aprobación de la denominada “cuarta pata del Estado de bienestar”.

Además, el presidente de Salud Mental España denunció que “los actuales criterios de copago están llevando a muchas personas a una situación extrema”, por lo que recordó que está pendiente de ser debatida una iniciativa legislativa Popular del Cermi que aboga por modificar las aportaciones económicas que hacen las personas usuarias “para que nadie se quede fuera del sistema por razones económicas”.

González Zapico apostó por “una mayor integración y coordinación del sistema sociosanitario”, ahondando, entre otras cosas, en el impulso de la asistencia personal, la sensibilización de profesionales o disponer de apoyos específicos para pacientes crónicos.

La tesis de que las personas con enfermedad mental o psicosocial no están suficientemente apoyadas en la Ley de Autonomía Personal también fue defendida por el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien denunció que “no os podéis imaginar lo duros que son los baremos para que una persona de este colectivo pueda ser beneficiaria de apoyos en determinados ámbitos de su vida”.

En cuanto a los ajustes presupuestarios efectuados durante la crisis económica, Ramírez aseguró que “los recortes no han servido para frenar el déficit, los datos están ahí, pero sí que han ocasionado sufrimiento a muchas personas”.

Además, subrayó que los retornos en la inversión en dependencia son del 38% “y es, además, una forma de crear empleo de calidad y estable, debido al progresivo envejecimiento de la población”.

PRESTADORES DE SERVICIOS

Por otra parte, durante las jornadas se celebró una mesa moderada por Teresa Palahí, comisionada de Cermis Autonómicos, y titulada ‘La visión de los operadores y prestadores de servicios’, en la que Bernabé Blanco, presidente de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (Aedis), promovida por Plena inclusión, señaló que “en el propio espíritu de la ley la participación de las entidades del sector de la discapacidad es muy importante”.

Blanco indicó que la Ley de Dependencia “ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, aunque es cierto que nos queda mucho por hacer”. Asimismo, resaltó que las propias organizaciones también pueden mejorar en materia de apoyos y asistencia personal.

Mientras, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, José Alberto Echevarría, comentó que “la pieza clave de la prestación de servicios en este sistema es el operador privado, sin entrar a diferenciar entre empresas y organizaciones”. Eso sí, puntualizó que la Administración Pública debe hacer todos los controles que sean necesarios para garantizar la calidad de las prestaciones.

Por parte de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Carlos de la Higuera destacó el “enorme peso” de la economía social, y afirmó que este ámbito debe ser un “aliado” de las administraciones para la prestación de servicios de calidad.

En esta línea, el presidente de Lares Federación, Juan Ignacio Vela Caudevilla, explicó que “frente a los miedos antimercantiles no debemos ser temerosos, porque vivimos en un Estado de Derecho”. En su opinión, no hay que caer ni en el “liberalismo radical” ni en el “absolutismo estatal”, por lo que se mostró a favor de la “coexistencia de operadores con y sin ánimo de lucro”, y advirtió de los “riesgos” de que en las licitaciones de servicios sociales el precio tenga tanta relevancia.