Así lo confirmó la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, en declaraciones a los periodistas. “Vamos a acatar lo que la sentencia dice”, por lo que el dictamen de la comisión que investigó la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos 'buitre' queda sin efecto, por lo que la reprobación de los exalcaldes no se producirá.

Tampoco la de Concepción Dancausa, actual delegada del Gobierno de Madrid o la de los concejales del PP Pedro Corral y Fernando Martínez, quienes, según la investigación, habrían tenido responsabilidades en la enajenación de estas promociones de vivienda de alquiler social.

“Sus conclusiones ya no son vinculantes ni tienen efecto formal”, zanjó Maestre. No obstante, Ahora Madrid lleva al Pleno de diciembre una proposición para crear una nueva comisión de investigación que indague posibles irregularidades en la gestión de la empresa municipal Calle 30.

El magistrado entiende que el objetivo de la comisión no permanente, cuya creación se aprobó en el Pleno de marzo, “está planteada de una manera genérica” y “sin concretar el asunto a investigar”.

Esta es la razón por la que se anula la investigación, ya que según el reglamento de estas comisiones deben centrarse en un asunto concreto, mientras que “lo que se acuerda es que se investigue todo”, según el juez, que dio la razón al recurso interpuesto por Esperanza Aguirre para paralizar la investigación.

A juicio de Ahora Madrid, PSOE y C’s, la intención del PP con el recurso es que no se investiguen las irregularidades de su gestión al frente del Consistorio. La portavoz del partido naranja, Begoña Villacís, ya aclaró ayer que se “debe investigar” pese a este “defecto de forma” encontrado por el juez, porque “ha habido desfalcos presupuestarios”.