El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, señaló que “la ley de dependencia fue el mayor avance en protección social que ha habido en España en las últimas décadas”, aunque lamentó que “es una ley que no se cumple por parte del Gobierno y no atiende a 355.596 personas que tienen derecho a recibir una prestación”.

“Se ha comportado como la orquesta del Titanic”, afirmó Ramírez, en referencia a que “se ha dedicado a tocar músicas celestiales, mientras los dependientes naufragaban y los remeros autonómicos perdían todas sus fuerzas intentando mantener a flote el sistema”.

Entre los compromisos que acordaron los firmantes del documento se encuentran “revertir en los presupuestos de 2017 los recortes producidos por los reales decretos de 2012, acabar con la desatención en los dos próximos años, iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar un modelo estable de financiación del Sistema en el marco de la Fofca, no acordar modificaciones de la ley sin su tramitación y debate parlamentario y que haya un Sistema de Información de la Dependencia trasparente y actualizado”.

Además de las consecuencias humanas que tendría cumplir con el Sistema de Atención a la Dependencia, Ramírez hizo hincapié en que “generaríamos más de 100.000 puestos de trabajo” y detalló que “por cada millón de euros que se invierte en dependencia generamos 35 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables” y además “vuelven al Estado el 38,5% de esa financiación a través de los impuestos y cotizaciones”.

“CUESTIÓN DE PRIORIDADES”

En declaraciones a los medios de comunicación tras la firma del documento, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, afirmó que se trata de una ley para que “este país sea más justo, más digno y más solidario” y criticó el incumplimiento “reiterado” de la ley por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, así como “los recortes que han impuesto en política social que han afectado a la ley”.

En este sentido, la diputada de Unidos Podemos Ana Terrón manifestó que “tal y como está se está planteando el sistema vamos a tardar 16 años en atender a esta gente”, dejando a su paso “126.000 personas muertas que tenían derecho a su prestación. Por su parte, Marta Martín, de Ciudadanos, afirmó que “no entendemos por qué el PP no ha firmado”, cuando se trata de una cuestión de “justicia y de potenciación de la cultura del cuidado”.

Por último, el diputado de PdeCat Carles Campuzano denunció que se trata de “una cuestión de prioridades”, puesto que “el Gobierno va a gastarse 5.000 millones de euros en rescatar unas autopistas en lugar de invertir cerca de 500 millones para recuperar un nivel razonable de la cobertura de la dependencia”.