En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, preguntó a Rajoy si considera que los ayuntamientos deben tener capacidad para consultar libremente a sus ciudadanos sobre cuestiones que afectan a su propio ámbito.

Rajoy se declaró "partidario" de ello pero también de que exista un "mínimo control de legalidad" que ejerce el Gobierno otorgando o no la autorización preceptiva por la legislación vigente.

Esteban denunció que desde la transición a la democracia ha habido "un miedo muy grande a la democracia directa" y las leyes y la jurisprudencia han ido dando una "vuelta de tuerca" restringiendo cada vez más esa capacidad y obligando siempre a ese permiso que el Gobierno concede "graciosamente".

El portavoz del PNV precisó que no habla de consultas soberanistas o sobre la independencia, sino por ejemplo de asuntos urbanísticos que afectan al municipio y siempre sin carácter vinculante. Denunció que la legislación es "muy estricta y preventiva", cada vez más restrictiva de forma "incomprensible y timorata".

Defendió frente a ello que los ayuntamientos "dejen de ser menores de edad" y no dependan de "tutelas" del Estado, y emplazó al Gobierno a modificar la ley si es necesario para "deshacer el desatino" del Tribunal Constitucional en el asentamiento de la jurisprudencia y adaptar la legislación a los estándares europeos.

Rajoy no quiso entrar a opinar sobre el fondo de las consultas y se mostró comprensivo con el hecho de que el PNV no comparta esa necesidad de autorización, pero precisó que el Gobierno no tiene capacidad para decidir de forma "discrecional", sino que se trata de un "acto reglado".

Es un control de legalidad que considera "muy razonable" y que pretende evitar, por ejemplo, que un Ayuntamiento consulte a sus ciudadanos sobre su permanencia en la OTAN porque no entra en sus competencias. Si versan sobre política municipal, añadió, el Gobierno "siempre los ha autorizado".

De hecho, Rajoy aseguró que desde 2010 el Gobierno ha autorizado seis consultas en municipios del País Vasco y ha denegado otros cinco por no versar sobre sus competencias sino sobre cuestiones ajenas, por ejemplo el 'fracking'.