Así se expresó Nadal durante su comparecencia en la comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, donde presentó las principales iniciativas que pretende llevar a cabo durante la legislatura.

En relación con la pobreza energética, calificó de “muy acertada” la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que sean los ayuntamientos los que determinen quienes son las personas con vulnerabilidad severa a las que no se puede cortar el suministro.

“Hay que trabajar en esta línea”, añadió el ministro, quien reiteró su posición de que el tratamiento de la pobreza energética en los casos más graves es una competencia de los servicios sociales autonómicos y municipales. “El factor determinante es la evaluación por parte de los servicios sociales”, apostilló.

Por ello, apuntó que las comunidades autónomas deberán decidir si comparten sus competencias para coordinar una solución similar en todo el Estado.

Sobre el bono social añadió que su objetivo es en primer lugar garantizar su financiación por parte del sector como hasta ahora para después alcanzar el consenso con las distintas fuerzas políticas para mejorar su diseño a través de una mejor definición del consumidor vulnerable.

Por último, defendió que “el objetivo de protección del consumidor empieza por garantizar unos precios competitivos y asequibles”, algo que se consigue evitando que se incrementen los costes del sistema como consecuencia de actuaciones políticas.