Así lo avanzó el portavoz socialista, Antonio Hernando, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en relación a la moción que mañana debatirá el Pleno del Congreso a iniciativa del portavoz el PdeCat, Francesc Homs, consecuencia de su interpelación la semana pasada a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría.

La moción habla de “conflicto de legitimidades” entre el Tribunal Constitucional y la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y llama a analizar las “posibilidades legales” de solventarlo a través de un referéndum del que los independentistas están dispuestos a negociar la fecha, la pregunta, el quórum o el marco legal. La comisión de trabajo tendría tres meses de plazo antes de debatirse sus conclusiones en el Pleno del Congreso.

La enmienda del PSOE, de sustitución, establece que el diálogo entre instituciones es el marco idóneo para resolver los conflictos de competencias y por ello insta a Gobierno central a abordarlo con la máxima voluntad de acuerdo, y manifiesta la necesidad de revisar, con el necesario acuerdo enre las formaciones políticas, la organización territorial del Estado. Ambos puntos podían ser aceptados por el PdeCat.

Sin embargo, el tercer punto de la enmienda “rechaza las iniciativas unilaterales que pretenden desconocer el actual marco constitucional y estatutario y conducen a un escenario de confrontación”, por lo que choca en la práctica con la moción presentada por el PdeCat si no hay acuerdo político para homologar el referéndum.

También en relación a este conflicto, Hernando dijo que "está bien" que la propia Sáenz de Santamaría haya "reconocido errores" en el pasado en la forma de abordar el tema, pero le emplazó a "que no se cometan ni en el presente ni en el futuro" y a poner en práctica su llamamiento al diálogo, pues "no basta con reducir la litigiosidad", sino que hay que afrontar un conflicto que tiene una raíz política "evidente".

En concreto, recomendó que, antes de crear la subcomisión para reformar la Constitución, haya "un consenso amplio para crearla y sobre los temas que han de tratarse", lo que se ha llamado "el perímetro de la reforma".