Según informaron fuentes asistentes a la reunión de la Mesa, el Gobierno dispondrá ahora de 15 días para remitir esa información o argumentación adicional que sustente su veto a la subida de las pensiones un 1,2% en 2017.

El PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PNV y el Grupo Mixto sacaron adelante esta proposición de ley, pero el Ejecutivo aprobó vetarla alegando un incremento presupuestario inasumible. Los socialistas remitieron a la Mesa un escrito en el que contestaban que el Gobierno sólo podría vetarlo si la subida se sufragaba con cargo a las cuentas de 2016, no las de 2017, como es el caso.

Ciudadanos se ha sumado al PP para aplazar la decisión de la Mesa sobre este veto, habida cuenta de esta disparidad de criterios. Por el contrario, se ha negado, junto al PSOE y Unidos Podemos, a revocar la decisión ya tomada por la Mesa de levantar el veto a la reforma de la Lomce y la del Estatuto de los Trabajadores sobre la subcontratación laboral. El Gobierno había pedido al Congreso que reconsiderara la suspensión de ambos vetos.

Fuentes de este partido explicaron que C's es partidario de discutir "caso por caso" los vetos del Gobierno a las proposiciones de ley que tramite la Cámara, si bien reprocha al Gobierno que abuse de los conflictos de atribuciones.

"ARBITRARIO O RAZONABLE"

Pese a ello, Ciudadanos acepta que el Ejecutivo tiene la prerrogativa de ejercerlos y cree que a la Mesa, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, sólo le corresponde enjuiciar si el veto es "arbitrario" o "manifiestamente razonable", y en función de ello acatarlo o levantarlo.

Por el contrario, en Unidos Podemos consideran que el problema es la "sistematicidad" con la que el Gobierno está ejerciendo este derecho, de tal forma que ya acumula 14 vetos en apenas un mes y medio de legislatura, en lo que interpretan como una estrategia paa mantener al Parlamento "atado de pies y manos".

Este grupo entiende, por tanto, que la cuestión va más allá del debate técnico sobre si el Gobierno puede vetar iniciativas parlamentarias que supongan una inversión presupuestaria no prevista.

Admite que los servicios jurídicos del Congreso han certificado que tiene esta posibilidad y que existen precedentes en legislaturas anteriores, pero cree que en el momento actual se trata de una cuestión "política" que se ha de solventar más allá de consideraciones legales, pues enfrenta de principio al Ejecutivo con el Legislativo.