Lo hizo en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que dijo que no se puede “seguir con una ley del siglo XIX que ha sido modificada en 76 ocasiones”.

El ministro propuso que el fiscal sea el instructor, con una Oficina Judicial que le asistiría en temas funcionales y administrativos; que un juez de garantías supervise el proceso garantizando el respeto a los derechos del investigado y que, tras la primera fase de instrucción, una vez se tenga claro que hay indicios penales, se inicie inmediatamente el juicio oral.

Sería entonces cuando se harían todas las pruebas y se evitaría que ciertas pruebas testificales tengan que realizarse hasta en seis ocasiones.