En un comunicado, Gestha explica que a la vista de estos documentos podría haber indicios suficientes para remitir el caso a la Fiscalía y que ésta valore si debe interponer la querella correspondiente.

En todo caso, los Técnicos de Hacienda creen que este proceso se dilatará hasta que el organismo haya hecho las actas vinculadas a tres presuntos delitos fiscales del jugador portugués y el proceso de cobro de estas deudas se inicie.

De lo contrario, señala Gestha, “la Agencia Tributaria no computaría estas deudas en sus resultados de las actuaciones de control y luciría como obra de la Fiscalía”.

Además, el colectivo considera que el director de la Agencia, Santiago Menéndez, debe explicar en el Congreso de los Diputados cuál es el criterio para enviar o no a la Fiscalía las grandes defraudaciones de estos deportistas, así como qué consecuencias penales podría acarrear que se ordene investigar sólo tres años y no más ejercicios y la razón de ello.

En concreto, Gestha indica que en el caso de Ronaldo, la Agencia Tributaria le ha abierto un procedimiento de inspección por tres ejercicios (2011, 2012 y 2013) y, en cada uno de ellos, de concurrir el delito fiscal superaría probablemente los 600.000 euros.

Además, apunta que podrían haberse utilizado empresas instrumentales en paraísos fiscales, con lo que se trataría de un “delito fiscal agravado” que conlleva penas de prisión de dos a seis años por cada delito.

No obstante, si el jugador reconoce judicialmente los hechos y abona las cantidades reclamadas, en su caso, se podría rebajar esa pena en hasta dos grados, lo que dejaría la pena máxima de cárcel en 18 meses por los tres presuntos delitos, evitando la entrada en prisión.

De cerrarse así el caso, la Justicia podría condenar al futbolista, lo que serviría de ejemplo para la sociedad; éste podría seguir con la práctica deportiva y Hacienda cobraría las cantidades adeudadas.

Respecto a los ejercicios 2014 y 2015, los Técnicos creen que los asesores fiscales y abogados de Cristiano Ronaldo le recomendarán hacer declaraciones complementarias para pagar las cantidades presumiblemente defraudadas y exonerar las penas por nuevos delitos fiscales.

Al igual que recomendarían hacer en los ejercicios 2009 y 2010 para evitar la investigación judicial de esos presuntos delitos fiscales agravados que prescriben penalmente en un plazo de diez años.