Entre otras cuestiones, el estudio concluye que, ante el progresivo crecimiento de la demanda, a un ritmo del 6% anual, y la necesidad de los servicios de apoyo tutelar que prestan las entidades tutelares de la AEFT, existe un déficit e inestabilidad de los recursos económicos para financiar este crecimiento, así como dificultades para acceder a otras fuentes de financiación.

Del mismo modo, se evidencia que existe un desigual reconocimiento y garantía de los servicios de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual (servicios de tutela) entre las comunidades autónomas, lo que genera desigualdades para la ciudadanía en el acceso y garantía de estos servicios.

A las diferencias entre CCAA se suma el desigual nivel de apoyo público, que en todos los casos resulta deficitario para cubrir el gasto que supone un adecuado desarrollo de estos servicios de acuerdo con el Modelo de provisión de apoyos a la persona para el ejercicio de su capacidad jurídica asumido por la AEFT en aplicación de la Convención.

En la evolución del perfil de las personas bajo apoyo tutelar se observan factores y características que comportan mayor complejidad en el ejercicio del apoyo tutelar. Por ejemplo, se ha producido un importante incremento de personas que presentan patologías, limitaciones o trastornos asociados a la discapacidad intelectual. Además, un 80% de las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares cuentan con escasos recursos y se sitúan o están muy próximas al umbral de la pobreza.