En el marco de este día internacional, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) quiere reclamar una refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para que las elecciones vitales de las personas que precisan apoyos para su autonomía tengan preferencia y éstas puedan ejercer sus derechos sociales de manera efectiva sin tener que pagar por ello.

En este sentido, la organización se adhiere al manifiesto que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) elaboró para conmemorar este día, bajo el lema 'Por una refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 2006-2016: 10 años después'.

El presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, explicó que “el actual modelo es predominantemente asistencialista y debe cambiar a otro basado en la desinstitucionalización, la prevención de las situaciones de dependencia y el fomento de la autonomía de las personas, proporcionando mucho más protagonismo a la figura del asistente personal. La mitad de las comunidades autónomas no han reconocido a nadie esta prestación, cuando es una figura esencial para fomentar la vida independiente de las personas con discapacidad”.

“La Ley de Autonomía Personal y Dependencia nació con una vocación clarísima de ser el cuarto pilar del Estado de bienestar, pero después de diez años ha resultado ser un sistema frustrante para sus potenciales beneficiarios, que no cumple, ni por asomo, con las expectativas e ilusiones puestas en él. Tenemos 17 modelos distintos, uno por cada comunidad autónoma, lo cual está provocando discriminación entre los ciudadanos en un país en el que todos y todas tenemos los mismos derechos”, añadió.

Esta organización considera que se debe contar con financiación suficiente para garantizar la atención de todas las personas en situación objetiva de necesidad de apoyos, incluida la infancia, eliminar el copago e insertar el sistema dentro de la Seguridad Social para garantizar la igualdad y equidad territorial.

Por ello, el sector de la discapacidad, a través del Cermi, emplaza a un debate urgente con los poderes públicos, las fuerzas políticas, los agentes sociales y los demás grupos de interés para reconfigurar la ley y lograr un efectivo dispositivo de derechos sociales para las personas que precisan apoyos intensos para su autonomía personal. El objetivo es facilitar a las fuerzas políticas alcanzar un pacto de Estado, con el respaldo de la más amplia base social.