Así se expresó Nadal en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, donde sostuvo que según el Tribunal Constitucional las competencias relativas a las personas vulnerables pertenecen a las comunidades autónomas. Por ello, defendió que son las administraciones autonómicas las que deben negociar con las eléctricas para que no se corte el suministro a determinadas familias.

En la misma línea, defendió que lo ocurrido en Reus (Tarragona), donde una anciana a la que se le había cortado el suministro de electricidad por impago falleció como consecuencia de un incendio provocado por la vela con la que iluminaba la vivienda, “pone de manifiesto que es esencialmente una política social”.

Sobre el bono social, explicó que se ha abierto un proceso para ver cómo se puede mejorar para que sea efectivo para atender a los más necesitados. A este respecto, abogó por crear una tarjeta social que reconozca a las personas vulnerables y que permita acceder a determinados servicios como el bono social eléctrico o los medicamentos.

De esta manera, se podría identificar a las personas vulnerables, ya que “no es fácil” que las compañías eléctricas puedan conocer el nivel de renta de cada ciudadano.