Así se manifestó Sardón durante la clausura del II Congreso Internacional por el décimo aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrado los días 29 y 30 de noviembre en Valladolid bajo el lema ’10 años avanzando conceptos, denunciando incumplimientos’.

Precisamente, Francisco Sardón destacó que la Convención de la ONU fue el primer gran texto internacional que se aprobó contando con las personas con discapacidad, y resaltó que el Cermi hará hincapié en la necesidad de “refundar” el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Por otra parte, Carlos Raúl de Pablos Pérez, gerente de los Servicios Sociales de Castilla y León, al igual que Francisco Sardón, mostró su agradecimiento por el hecho de que se haya elegido Valladolid para celebrar este congreso, “porque es importante que revisemos de vez en cuando si lo que hacemos desde el ámbito público es lo más adecuado, y sobre todo, cómo podemos mejorar”.

“Para nosotros, la Convención de la ONU es nuestra guía en materia de políticas de discapacidad”, agregó de Pablos, y destacó que “el empleo y la apuesta por la autonomía personal son nuestras prioridades”.

DERECHO Y DISCAPACIDAD

Antes de la clausura, se celebraron una serie de intervenciones sobre derecho y discapacidad, en las que Cristina Guilarte, profesora titular de Derecho de la Universidad de Valladolid, dijo que se debe garantizar la igualdad de las personas con discapacidad a la hora de disfrutar de derechos como el de contraer matrimonio, petición que recientemente ha planteado el comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha instado a modificar el Código Civil para acabar con las restricciones que en la actualidad existen.

Eliminar por completo las esterilizaciones forzosas; acabar con los abortos coercitivos; luchar contra la anulación de la voluntad que se produce en algunos casos de guardia y custodia, y prohibir la separación forzada de un menor de su familia por motivo de discapacidad, son las reivindicaciones planteadas por esta experta.

Por su parte, Patricia Cuenca, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, denunció que la actual legislación española que regula el internamiento involuntario de determinadas personas con discapacidad “no cumple la Convención de la ONU”. Además, lamentó que “el recurrir al internamiento, y por tanto evitar que una persona viva en comunidad, se ha convertido en una forma más de atención y no en una excepción”.

En este sentido, Marta Kindelán, jefa del Gabinete de la Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo, manifestó que es necesario que España realice reformas en este campo para salvaguardar en todo momento los derechos de las personas con discapacidad.