Así se manifestó Joaquín Trillo durante la segunda jornada del congreso internacional que se celebra en Valladolid con motivo del décimo aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para el representante de la institución dirigida por Soledad Becerril, “en ocasiones las administraciones, y me temo también que el personal que trabaja para ellas, no son muy sensibles a la necesidad de implantar por completo un sistema de educación inclusiva”.

“Nosotros entendemos que la plenitud del derecho a la educación de las personas con discapacidad está vinculada a la educación inclusiva en centros ordinarios de su elección y de su entorno”, agregó.

Por su parte, la presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (Cermin), Mari Luz Sanz, dijo que “la educación es el elemento más importante que tenemos para el futuro de las personas”, y advirtió de que el alumnado con discapacidad que tiene adaptaciones curriculares relevantes tiene muchas dificultades para poder cursar la Educación Secundaria. Por ello, declaró que “se necesitan planes de formación y sensibilización en materia de discapacidad para el profesorado”.

En este sentido, la abogada María José Alonso explicó que la legislación actual tiene margen de mejora para avanzar en la implantación de un sistema único de educación inclusiva, y si bien reconoció que “los recursos son limitados”, avisó de que “esto no puede hacer que no se garanticen todos los derechos del alumnado con discapacidad”.

Además, Rafael de la Puente, técnico del Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid, comentó que los países que han ratificado la Convención de la ONU deben cumplirla, e incluso puntualizó que “en ámbitos como en la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades se puede hacer más de lo que recoge la Convención”.

EMPLEO Y DISCAPACIDAD

Por otro lado, la segunda jornada del Congreso celebrado en Valladolid acogió una mesa redonda que abordó la necesidad de impulsar una mayor contratación por parte de las empresas de personas con discapacidad.

Javier Calderón Pastor, director territorial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Castilla y León, subrayó que “todavía sólo una de cada cuatro personas con discapacidad está activa”, y denunció que “en el caso de quienes acceden a un empleo, tienen de media un salario que es un 16% inferior al de la media de toda la ciudadanía”.

Además, abogó por revisar la legislación laboral para seguir impulsando la contratación de personas con discapacidad, porque según explicó, la mayoría de las personas con discapacidad que consiguen trabajo lo hacen gracias a empresas sociales y centros especiales de empleo.

“Se trata de que entre todos consigamos mejorar la contratación de personas con discapacidad, porque cuando se tiene que poner una sanción es un fracaso de todos”, agregó Javier Calderón.

Mientras, Noemí Serrano, de la Universidad de Valladolid, afirmó que que es necesario que las empresas hagan los ajustes precisos para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su trabajo correctamente, “porque además, si no lo hacen, estarían incumpliendo la legislación, ya que se trataría de situaciones discriminatorias”.

En esta línea, Benedicto Caminero Pérez, director técnico de Atención a Personas Mayores y Personas con Discapacidad de Castilla y León, manifestó que “las empresas deben entender que las personas con discapacidad aportan valor”.