En estos términos se manifestó este experto durante el congreso internacional que se celebra en Valladolid con motivo del décimo aniversario de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido organizado por la Universidad de Valladolid y la Carlos III de Madrid, con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), entre otras entidades e instituciones.

Para Jorge Cardona, es necesario estudiar las necesidades individuales de cada persona, “ya que cada una tiene unas características individuales”, puesto que por ejemplo, dentro del grupo social de las personas con discapacidad hay particularidades como tener una renta elevada o baja, o vivir en el entorno urbano o rural.

A su juicio, en épocas de crisis en las que se ponen en marcha “políticas regresivas, de recortes presupuestarios”, es necesario evaluar antes otras opciones y haber analizado cuáles serán las consecuencias para cada persona.

Cardona, que advirtió de que se puede acudir a los tribunales cuando un presupuesto público no garantice derechos fundamentales, resaltó que además de la obligación jurídica, “para los Estados es incluso rentable económicamente a largo plazo la inversión”, porque si por ejemplo se destinan fondos a la educación inclusiva para las personas con discapacidad, las oportunidades de que se puedan posteriormente incorporar al mercado laboral serán mayores. “No conseguiremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 si esto no lo hacemos así”, insistió.