“El Gobierno se ha olvidado al legislar esta ley del colectivo de las personas con discapacidad, obviando así que la propia definición del concepto de Economía Sostenible entiende ésta como el patrón de crecimiento que favorezca la igualdad de oportunidades”, aseguró el Cermi.

Así, el Comité aclaró que entiende “la economía sostenible como un instrumento favorecedor, no sólo del empleo de calidad, sino de la igualdad de oportunidades y la cohesión social”.

También sostuvo que “uno de los fundamentos políticos de la ley ha de ser la consolidación de las reformas normativas de los últimos años, dirigidas a favorecer la autonomía personal y la accesibilidad universal, así como la necesidad de acentuar el grado de transversalidad de las políticas sobre discapacidad, con vistas a la completa erradicación de la discriminación de las personas con discapacidad”.

Además, el Cermi planteó incluir un nuevo apartado para definir el principio de accesibilidad y facilitar un instrumento de evaluación política sobre su aplicación a todo marco regulatorio”. Asimismo, consideró que “se deben realizar modificaciones en la Ley de contratos en el sector público para que los órganos de contratación administrativa exijan la acreditación del cumplimiento de la norma que obliga a las empresas de 50 ó más trabajadores tener contratados un 2% de trabajadores con discapacidad”.

En este sentido, propuso incluir los conciertos como procedimientos de contratación de los servicios sociales; hacer operativa la reserva de determinados contratos públicos a los centros especiales de empleo; y excluir de cualquier subvención pública a aquellas empresas que incumplan la obligación de reserva de empleo.

En cuanto al ámbito fiscal, el Cermi afirmó que “el proyecto ha olvidado que la igualdad de oportunidades puede lograrse mediante la inclusión de medidas que favorezcan a las personas con discapacidad en cuanto al ejercicio de sus derechos, entre los que hay que incluir, el derecho al trabajo, siendo la política fiscal uno de los pilares en los que se apoyan los poderes públicos para incentivar determinados comportamientos y actividades”.

Por último, el Cermi destacó que hay que considerar los programas de actuación para la Estrategia Global de Acción para el empleo de personas con discapacidad y que se incluyan en programa operativo del Fondo Social Europeo (FSE), como actividad prioritaria de mecenazgo, al igual que se hace en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 entre otros, con los programas dirigidos a la formación de voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones públicas.