Esos 17 núcleos urbanos con más de 15.000 habitantes, que aglutinan a alrededor de 1,4 millones de personas, son Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate (Andalucía); Gijón Este (Asturias), Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo (Galicia); Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira (Comunidad Valenciana); noreste de Valle de Guerra y Valle de Güímar (Canarias).

El diputado Antonio Gómez-Reino, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, preguntó a Tejerina qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno en relación con esta petición de la Comisión Europea, al tiempo que cuestionó la labor del Gobierno. “Ustedes, que dicen sistemáticamente que, aunque tengamos manzanas podridas, somos buenos gestores, son los que nos están metiendo en estas multas, que salen caras a la ciudadanía”, apuntó.

Gómez-Reino acusó a los miembros del Gobierno de ser “unos irresponsables políticos” por “poner en riesgo la salud pública” de los 1,4 millones de personas que viven en esas 17 aglomeraciones urbanas. “Los recortes salen caros, también en medio ambiente, y la transferencia de responsabilidad que hacen a la ciudadanía es absolutamente infame”, apostilló.

MÁS DE 1.000 MILLONES DE EUROS

Tejerina respondió que los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento son competencia de los ayuntamientos, a los que las comunidades autónomas pueden prestar auxilio, y que el Estado sólo puede actuar en las obras que se declaren de interés general.

La ministra indicó que el departamento que dirige sólo puede actuar en siete de las 17 aglomeraciones urbanas objeto del expediente de la UE por su deficiente tratamiento y recogida de aguas residuales. “En todas ellas estamos trabajando”, apuntó.

Tejerina afirmó que “la mejora de la calidad del agua ha sido una prioridad para el Gobierno anterior y lo sigue siendo para éste, y no sólo para dar cumplimiento a las directivas europeas, sino también para preservar el buen estado de los ecosistemas hídricos, que están hoy mejor que hace cinco años”.

La titular de Medio Ambiente recalcó que el departamento que ahora dirige hizo una auditoría en 2011 para conocer el estado real de la depuración de aguas residuales en todas las comunidades autónomas, tras la cual al Estado le corresponde impulsar “86 actuaciones que beneficiarán a más de cinco millones de habitantes”.

En este sentido, subrayó que el Gobierno aprobó el Plan Crece en 2014, dotado con más de 1.000 millones de euros para depuración y saneamiento. “Ya hemos puesto en marcha 73 contratos por valor de 250 millones de euros, 44 de ellos ya licitados. En lo que llevamos de 2016 se han adjudicado 18 contratos, por un importe de 77 millones de euros”, concluyó.