Así lo indicó a la salida del Juzgado de Instrucción número 27, donde prestó declaración durante unos 10 minutos.

“Nos acusan de un delito de prevaricación administrativa y están en su legítimo derecho”, aclaró, pero “esperamos que sea archivado porque no tiene base jurídica”.

Asimismo, relató que la información que ha trasladado al juez ha sido “absolutamente rutinaria” y que su actuación se ajusta a la legalidad vigente, en base a la Ley de Memoria Histórica.

Este vestigio franquista llevaba junto al Casón del Buen Retiro desde 1960. La polémica surgió a comienzos de año, cuando Cultura decidió retirarlo de esta zona declarada Bien de Interés Cultural para, más tarde, reponerlo en el mismo sitio.

Sin embargo, la fundación franquista considera que Mayer prevaricó al tomar la decisión de hacerlo desaparecer. En 2013 ya fue identificado como un monolito franquista, según fuentes del Consistorio, y el Pleno municipal de diciembre de 2015 aprobó su retirada, aunque fue repuesto tras la polémica que suscitó.