Podemos considera constitutivas de ilícito penal las presiones de la Consejería de Sanidad para que los pacientes se operen en hospitales distintos al que le corresponde al paciente.

Según López, en la Comunidad de Madrid “la mayoría de los 83.000 pacientes que actualmente están en lista de espera de una intervención quirúrgica reciben una llamada por parte de la Consejería de Sanidad para ser intervenidos en otro centro hospitalario diferente al que previamente ya habían seleccionado”.

Asimismo, López denunció que en caso de “rechazar esa derivación y hacer valer su derecho a la libre elección de especialista, la Comunidad de Madrid les penaliza sacándoles de la Lista de Espera Estructural, que tiene una garantía de tiempo máximo de 180 días”.

Afirmó que "en ese momento pasan a formar parte de otra lista de espera, llamada de pacientes en espera tras rechazo a la propuesta de intervención en un centro alternativo, quedando excluidos de las leyes de garantía de plazo y pasando a una garantía de 360 días, el doble de la que tienen los pacientes que aceptan la derivación”.

López explicó que la Comunidad de Madrid “puede estar incurriendo en un delito de coacción leve al persuadir a los pacientes a tomar una decisión como elegir otro cirujano u hospital diferente al que ya escogió previamente”.

“Cosa que el afectado no haría si no fuera por la penalización de tiempo de espera impuesta por la Comunidad de Madrid”, afirmó López, quien consideró que “cuando la Comunidad decide que a un paciente se le excluye de la lista de espera quirúrgica porque no acepta el traslado a otro centro hospitalario está coartando la libertad de elección de dicho paciente porque ha de elegir, con carácter inmediato y excluyente, entre esperar hasta que el Sermas decida que puede operarse con su médico en un plazo igual o superior a un año o renunciar a la libre elección de médico y hospital a la que tiene derecho para no demorar en exceso la intervención quirúrgica que su médico especialista le ha indicado”.

En la denuncia, López expone su propio caso como paciente con necesidad de ser operado de una hernia inguinal. El día 15 de abril del presente año fue incluido por el Sermas de la Comunidad de Madrid en la lista de espera quirúrgica.

“El 18 de agosto rechacé los hospitales en los que se me ofrecía por la Comunidad de Madrid realizar la intervención quirúrgica porque ninguno de ellos era el Hospital Ramón y Cajal en el que presta servicio el médico que viene tratándome desde hace ya bastante tiempo y donde conocen mi situación y evolución médica con respecto de la hernia inguinal que necesita de intervención”, según consta en la denuncia.