El juez considera a Homs, en aquel momento consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, responsable de los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia en relación a la consulta, que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

La petición del Supremo ha sido tramitada como dicta el Reglamento del Congreso por la Comisión del Estatuto del Diputado, que aprobó el dictamen favorable a la concesión del suplicatorio con el voto en contra de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el PdeCat al que pertenece Homs, ERC, PNV y EH Bildu.

Esas mismas formaciones suscribieron un voto particular al margen del dictamen de la comisión, y previsiblemente esa misma será la correlación de fuerzas en la votación de este martes en el hemiciclo, con lo que el suplicatorio será concecido con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y de los demás partidos del Grupo Mixto.

Homs compareció el pasado 3 de noviembre ante la comisión, obligada a recibir sus alegaciones en la tramitación del suplicatorio, y denunció de nuevo las motivaciones políticas que percibe tras ese proceso judicial, encaminadas a silenciar, aseguró, a quienes tienen una visión diferente a la del PP.

Esa misma es la tesis de quienes rechazan la concesión del suplicatorio, convencidos de que se ha judicializado un problema político y de que se está persiguiendo desde los tribunales a quienes promovieron una consulta ciudadana ejerciendo su deber democrático.

La concesión del suplicatorio se aprueba por mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, por lo que si se mantiene la correlación de fuerzas el Tribunal Supremo podrá proceder contra Homs.

Como suele ocurrir con los informes de la Comisión del Estatuto del Diputado, el debate y votación de este dictamen será en sesión secreta del Pleno, sin presencia de medios de comunicación, a los que oficialmente solo se trasladará la resolución final: si se concede o no el suplicatorio .

Una vez que el Pleno del Congreso haya decidido hay un plazo de ocho días para que la Presidencia de la Cámara traslade al juez esa decisión junto con el recordatorio sobre la obligación de comunicar al Congreso los autos y las sentencias que se puedan dictar y que afecten personalmente al diputado.