Fuentes del Ejecutivo del Partido Popular explicaron a Servimedia que esta doctrina ha sido trasladada tanto por el propio Rajoy en las reuniones del Consejo de Ministros celebradas desde que fue investido presidente el pasado 29 de octubre como por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios que celebra cada semana con las cúpulas de todos los departamentos.

Tanto Rajoy como Sáenz de Santamaría han expuesto como primera indicación a los altos cargos del nuevo Gobierno que todas las iniciativas que quieran poner en marcha deben partir del diálogo con el resto de los partidos presentes en el Congreso de los Diputados, conscientes de la situación de minoría en que se encuentra el Partido Popular y de que, en consecuencia, necesitan el respaldo parlamentario de otros grupos para sacar adelante cualquier votación.

Una de las indicaciones que ha sorprendido a los propios dirigentes del Ejecutivo consultados por Servimedia nada más comenzar la legislatura es que eviten utilizar el real decreto ley, una disposición constitucional habitual que permite al Gobierno aprobar en Consejo de Ministros una modificación normativa con entrada en vigor inmediata, siempre que esté justificado por razones extraordinarias y de urgencia.

Rajoy recurrió a esta fórmula el pasado 30 de septiembre, estando todavía en funciones, para implantar de manera inmediata a las empresas el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades y recaudar unos 8.000 millones de euros hasta final de año con el objetivo de cumplir el objetivo de déficit público marcado por Bruselas.

UN ATAJO CONSTITUCIONAL

El decreto ley facilita al Gobierno adoptar un acuerdo en Consejo de Ministros con efectos instantáneos, si bien posteriormente debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados. Esto supone que el Pleno de la Cámara Baja lo tiene que aprobar semanas después con más votos a favor que en contra, ya que en caso contrario pierde su validez y queda derogado a partir de ese momento.

En concreto, el artículo 86 de la Constitución española establece que “el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, si bien “deberán ser inmediatamente sometidas a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación”.

El Gobierno del Partido Popular recurrió a este atajo en 76 ocasiones durante la X Legislatura, la que transcurrió entre el 20 de noviembre de 2011 y el 20 de diciembre de 2015. Después, en la breve e infructuosa XI Legislatura, Rajoy aprobó un real decreto ley el 15 de abril para prorrogar el Programa de Activación para el Empleo.

Tras la repetición de las elecciones generales el 26 de junio, Rajoy únicamente ha empleado el real decreto ley el pasado 30 de septiembre para sacar adelante la mencionada modificación del Impuesto de Sociedades y aplicar otras medidas tributarias con el propósito de incrementar la recaudación hasta final de año y cumplir así el objetivo de déficit público.

El presidente del Gobierno pretende ahora que el decreto ley sea una excepción en esta nueva legislatura, dado que el Consejo de Ministros podría dar luz verde a cualquier medida con esta fórmula pero en apenas un mes podría ser tumbada en el Congreso de los Diputados con el voto en contra de los demás partidos y el consiguiente coste político para el Ejecutivo.

Por eso, Rajoy ha dado orden a sus ministros y la vicepresidenta lo ha trasladado de idéntica manera al resto de los altos cargos para que apuesten por el diálogo y hagan todos los esfuerzos necesarios a la hora de legislar mediante consenso con los partidos de la oposición.