Según explicó a Servimedia la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, esta organización de consumidores exige la aprobación de un plan global nacional con medidas que permitan acabar con la pobreza energética garantizando que “a nadie en España se le corte la luz porque no tiene recursos económicos”.

Además, la OCU demanda al nuevo ministro que establezca con urgencia una nueva regulación del bono social eléctrico tras la sentencia del Tribunal Supremo que lo declara inaplicable por su sistema de financiación.

A este respecto, Izverniceanu sostuvo que esa rebaja de la tarifa eléctrica para consumidores vulnerables debe seguir siendo financiada en su totalidad por las compañías eléctricas.

Por otro lado, considera que el Gobierno y las empresas deben ser “proactivos” con esta medida para evitar lo que ocurría hasta ahora, ya que solo unas 70.000 familias sin ingresos se estaban beneficiando de ella. “Hay que ver como se llega a los hogares que no lo piden por ignorancia”, apostilló.

Para la portavoz de la OCU, lo ocurrido en Reus “es algo que no puede pasar en un país como España en el siglo XXI” y advierte de que “es la punta del iceberg” de una situación que afecta, por lo menos, a más de 1,4 millones de hogares españoles que no tienen ingresos.