Este Proyecto de Ley regula por un lado, las condiciones y el procedimiento de restitución de bienes culturales que hayan salido ilegalmente del territorio español y se encuentren en territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea y, por otro, la acción de restitución que puedan ejercer ante los tribunales españoles las autoridades de otros estados miembros para lograr la restitución de los bienes que hayan salido de forma ilegal de su territorio y que se encuentren en territorio español.

Su ámbito de aplicación se extiende a “todo bien cultural clasificado o definido por un Estado miembro, en virtud de la legislación o los procedimientos administrativos nacionales, como patrimonio cultural nacional, que posea valor artístico, histórico o arqueológico en el sentido del artículo 36 del Tratado de funcionamiento de la UE”.

La Secretaría de Estado de Cultura será la que ejerza como Autoridad Central, a través de la cual se cooperará y fomentará la concertación con el resto de las Autoridades Centrales de otros Estados miembros.

En particular, localizará a petición de un Estado miembro un bien cultural concreto que haya salido de forma ilegal del territorio de dicho Estado; notificará el hallazgo a los Estados miembros interesados, en caso de descubrir bienes culturales en su propio territorio, con motivos razonables para suponer que dichos bienes han salido de forma ilegal y adoptará, en cooperación con el Estado miembro interesado, las medidas para la conservación material del bien cultural. También actuará como intermediario entre el poseedor o el tenedor del bien y el Estado miembro requirente.

Otra de las novedades de la Directiva y del presente Proyecto de Ley, es la previsión de que las Autoridades Centrales cooperen entre sí y divulguen la información a través del Sistema de Información del Mercado Interior diseñado especialmente para bienes culturales.