En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno y titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que el artículo 134 de la Constitución potesta al Gobierno para revocar aquellas iniciativas legislativas que impliquen un aumento de créditos o una disminución de ingresos, ya que ello “altera el marco presupuestario”.

Según Méndez de Vigo, suspender la aplicación de la Lomce “pone en riesgo 600 millones de euros” procedentes de fondos europeos, con lo que “asiste al Gobierno la potestad” de revocar dicha admisión a trámite.

Así lo pidió ya el Gobierno a la Cámara Baja ante el debate sobre la propuesta socialista, explicó, aunque en aquel momento la Mesa del Congreso no lo estimó oportuno por considerar que la modificación presupuestaria no era tal. Ahora la Mesa tiene que volver a examinar este acuerdo, y “esperamos que esta vez sí lo considere”, concluyó.

El acuerdo que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros será comunicado a la Presidencia del Congreso, que puede bien asumir sus argumentos y decidir la suspensión del trámite, o rechazar la petición del Ejecutivo y seguir adelante.

En este segundo caso se pedirían informes técnicos a los asesores jurídicos de la Cámara, puesto que estaríamos ante una situación inédita y, en última instancia, el Ejecutivo plantearía un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

TRABAJADORES SUBCONTRATADOS

Por otra parte, el portavoz del Gobierno se refirió a otra de las proposiciones del PSOE en relación con la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar las condiciones laborales de los empleados subcontratados.

Méndez de Vigo se quejó de que el Congreso de los Diputados no haya "apreciado correctamente este derecho constitucional" del Ejecutivo.

"Nos avalan los dictámenes jurídicos y ahora se abre un plazo para que la Mesa reconsidere o no reconsidere esta solicitud", finalizó el portavoz.