En el informe, que ha contado con la colaboración de Amnistía Internacional, se señala que sólo un 2,8% de solicitudes de asilo -del 35% del total que son tramitadas- son aceptadas finalmente por las autoridades españolas.

El dato numérico habla por sí solo: desde 1998, España únicamente ha acogido a un total de 17 personas que huyeron de sus países de origen por diversos motivos (políticos, religiosos, etc.).

Para CEAR este es un "escaso" número de refugiads, como lo es también, cada vez más, el de solicitantes de asilo en los últimos años. Para esta organización humanitaria, las razones hay que buscarlas en "los innumerables obstáculos de las medidas de control aprobadas por el gobierno español".

Así, se ha constatado que en los cuatro primeros meses de 2003 sólo ha habido 1.879 solicitudes, frente a las 2.895 del año anterior.

CEAR destacó también que a través de la exigencia de visados de tránsito se imposibilita a los extranjeros la llegada a Epaña para poder pedir asilo, afectando fundamentalmente a personas procedentes de países con conflictos políticos, como es el caso de Nigeria, Cuba y Colombia.

Junto a lo anterior, tachan de "inadmisible" que sean los paises más pobres los que desarrollen programas de reasentamiento, con los que atienden a más del 90% de los 22 millones de refugiados que existen en el mundo.

EXTRANJERIA

Por otra parte, CEAR manifiesta su preocupación por la próxima reforma de la Ley de Extranjería en España, yaque el proyecto incluye un endurecimiento de las multas a las compañías de transaporte, incluidas las aéreas, que traigan a personas que no puedan mostrar pruebas de las persecuciones sufridas en sus lugares de origen. Ocurre lo mismo con aquellas organizaciones y personas que ayuden a indocumentados o en situación irregular.

En cuanto a la propuesta del primer ministro británico, Tony Blair, de crear unos centros de tramitación de tránsito, la presidenta de CEAR, Delia Blanco, opinó que de lo que se rata es de "crear campos de concentración, llamados elegantemente" del modo citado.

Frente a esta iniciativa del Ejecutivo británico, Blanco pidió al Gobierno de José María Aznar que se manifieste.