Jagland hizo hincapié en que “no hay casos triviales; cualquier daño que haya sido causado por el abuso sexual o la explotación de un niño es importante y debe ser abordado", y advirtió de que “los Estados deben prestar asistencia médica y psicológica a los niños que han sufrido estos abusos hasta que se recuperen plenamente y velar por que las investigaciones penales y los procedimientos judiciales no agraven el trauma que ya de por sí sufren”.

Según el Consejo de Europa, las consecuencias del abuso sexual o de la explotación de los niños pueden perdurar hasta la edad adulta y es importante establecer medidas para que los adultos que sufrieron abusos en su infancia puedan revelar los hechos y recibir la asistencia necesaria.

Una de sus principales preocupaciones es que los datos oficiales sobre el número de niños afectados por la crisis de refugiados que han sido víctimas de explotación o abuso sexuales no reflejen la realidad, ya que no existe un sistema sólido que permita recopilarlos.

Asimismo, indica que los desafíos a los que se enfrentan los Estados europeos para prevenir el crimen y proteger a los niños son, entre otros, la escasez de viviendas, la duración excesiva de los procedimientos de asilo y un largo tiempo de espera para el asentamiento, las dificultades para comunicarse y establecer relaciones de confianza (debido a las diferencias lingüísticas y culturales) y el carácter tabú del abuso sexual y la explotación sexual.

Por último, Jagland señaló la necesidad de que “los gobiernos europeos pongan todo su esfuerzo en la prevención del abuso sexual y la protección de los niños migrantes frente a esta lacra, en mejorar la evaluación e identificación de la edad de los menores migrantes y proporcionarles un refugio seguro”.