En un comunicado, la fundación aseguró que aunque no todas las personas procedentes de esta zona geográfica cumplen con la condición legal de refugiados, sí debieran ser acogidos, proporcionándoles amparo debido a su situación.

La fundación, creada para facilitar la integración social y laboral del colectivo de inmigrantes subsaharianos en la Comunidad de Madrid, calcula que durante los últimos cinco años alcanzaron las costas españolas cerca de 25.000 subsaharianos, de los cuales solo habrían podido legalizar su situación en el país unos 7.500.

Para Somosara Arraigo, estas cifras constatan "la situación de invisibilidad, discriminación y vulnerabilidad que caracteriza a este colectivo migrante, en comparación con otros procedentes de diferentes zonas geográficas".

Según Carlos Ara, presidente de la fundación, “el Gobierno español es muy exigente y restrictivo sobre el derecho a asilo, pero en el caso de las personas subsaharianas, la situación geopolítica y económica de esta zona y los intereses en torno a ella dificultan aún más el reconocimiento de derechos a este colectivo. Además, en muchas ocasiones la repatriación es casi inmediata, lo que provoca desamparo legal y la imposibilidad de acceder al derecho de asilo”.