La tramitación de las propuestas de reforma de estatutos de autonomía está regulada en el Congreso de los Diputados y en una resolución complementaria de la Presidencia de la Cámara dictada el 16 de marzo de 1993.

Esa resolución establece en su punto quinto que la asamblea de la comunidad autónoma cuyo estatuto sea objeto de reforma "podrá retirar la propuesta en cualquier momento de su tramitación ante la Cámara", y sólo será necesario que así se comunique antes de que se apruebe definitivamente la reforma.

Por tanto, una vez que las Cortes de Castilla-La Mancha han acordado retirar la propuesta de reforma del Estatuto, sólo hace falta que esa decisión sea comunicada al Congreso de los Diputados, y el efecto jurídico es el mismo que si el Parlamento hubiera rechazado la propuesta.