En su intervención, recordó que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, establece, con el fin de facilitar la integración laboral de estas personas, que las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a tener en su plantilla, como mínimo, un 2% de trabajadores con discapacidad.

No obstante, señaló, las empresas pueden solicitar la excepción en la aplicación de esa cuota de reserva “cuando no encuentren las personas con discapacidad adecuadas para los puestos de trabajo que deben ser cubiertos o por razones organizativas, productivas, técnicas o económicas que dificulten seriamente la incorporación de personas con discapacidad a sus plantillas, en cuyo caso se solicita informe preceptivo a la Inspección de Trabajo”.

Indicó que “la exención se puede autorizar siempre que se aplique alguna de las medidas alternativas previstas en la legislación vigente, a saber: contrato mercantil con un Centro Especial de Empleo o autónomo con discapacidad para el suministro de bienes o la prestación de servicios, donaciones y acciones de patrocinio, desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad cuando se trate de una función o una asociación de utilidad pública, o constitución de un enclave laboral”.

Tras exponer que la competencia para la declaración de excepcionalidad y aprobación de las medidas alternativas corresponde a la Dirección General del Servicio Público de Empleo cuando la empresa está ubicada (exclusivamente o al menos el 85% de la plantilla) en el territorio de la Comunidad de Madrid, así como el control y seguimiento del cumplimiento de la medida autorizada, dijo que “desde la Dirección General se está prestando una especial atención a la concesión de esta excepcionalidad; en particular, procuramos evitar que pueda alegarse para dicha excepcionalidad la no captación de candidatos adecuados en las oficinas de empleo, de manera que se asegure al máximo el cumplimiento por las empresas de su obligación legal de contratar a personas con discapacidad”.

13.516 PARADOS CON DISCAPACIDAD

Según los últimos datos disponibles (agosto 2016), un total de 13.516 personas con discapacidad se encuentran en situación de desempleo y están registradas en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. De estas 13.516 personas el 52% son mujeres y el 48% son hombres.

“Nuestra convicción es que la integración laboral de las personas con discapacidad debe realizarse prioritariamente en el mercado de trabajo ordinario y que solo las personas que sufren discapacidades severas deben acceder al mercado protegido de los Centros Especiales de Empleo”, expuso Balmaseda.

No obstante, indicó que “no podemos olvidar el mercado protegido de los Centros Especiales de Empleo” porque “a veces constituyen la única posibilidad de integración laboral de personas con discapacidades severas cuya inserción en el mercado de trabajo ordinario presenta grandes dificultades”.

A este respecto, explicó que a finales del pasado año la Comunidad de Madrid contaba con 195 Centros Especiales de Empleo, de ellos 67 de iniciativa social y 128 de iniciativa empresarial.

En estos 195 Centros trabajaban 11.640 personas y de ellas 10.086 (casi el 87%) son personas con discapacidad, con una presencia de mujeres del 48%, porcentaje que se viene manteniendo en los tres últimos años.

Por tipo de discapacidad, la mitad de estas personas tienen discapacidades físicas, el 34% son personas con discapacidad intelectual y el resto de trabajadores y trabajadoras con discapacidad tienen discapacidades sensoriales.

Asimismo, destacó que el conjunto de los Centros Especiales de Empleo madrileños, tanto los de iniciativa empresarial como los de iniciativa social, facturaron en 2015 más de 307 millones de euros (307.615.476,34 euros), con un crecimiento en los últimos tres años (2013-2015) superior al 9% en el volumen de negocio.