Tras numerosas cartas y llamadas telefónicas entre Exteriores y el Consistorio, los refugiados esperan en los campamentos griegos a que las autoridades helenas culminen las gestiones con España para su acogida en la capital. Según los informes médicos, todos ellos precisan de atención médica urgente, la cual se les iba a prestar a su llegada a Madrid.

Presentan heridas por metralla, poliomielitis, ceguera o cardiopatías, entre otras patologías, y deben ser tratados “urgentemente”, según los partes médicos que manejan Cruz Roja y Bomberos Sin Fronteras, en base a los cuales se decidió su traslado a la capital española. Todos ellos serán tratados -cuando lleguen- en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.

El 30 de septiembre fue cuando se anunció el proyecto para la acogida de estas personas y sus familias (un total de 84 personas), a las cuales se les facilitaría vivienda, manutención, ayudas para su integración y escolarización de los menores. Sin embargo, la idea venía fraguándose desde junio con la plataforma Bienvenidos Refugiados.

Desde el pasado 11 de octubre, cuando la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, tramitó la petición para conceder los visados, Manuela Carmena ha reprochado en varias ocasiones al Gobierno central que no agilice las negociaciones para poder traer a estas personas.

La última vez fue el pasado martes, cuando se quejó de la poca información que le llega al respecto de este asunto. Entonces, quedó en hablar con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, algo que aún no ha hecho según confirmaron fuentes municipales a Servimedia.

EXCEDENTE DE DINERO PARA REFUGIADOS

El Consistorio madrileño presupuestó 10 millones de euros para refugiados, un dinero que se ha estado invirtiendo en campañas y ayuda humanitaria, así como una subvención a Acnur por un importe de un millón de euros.

No obstante, el equipo de Manuela Carmena prevé que, al no recibir refugiados, ese presupuesto no se gaste en su totalidad.

De no invertir lo que falta por gastar de este presupuesto antes de fin de año, éste pasaría a formar parte del remanente de tesorería como gasto no ejecutado. Este excedente tendría que ser destinado a pagar deuda pública o a inversiones financieramente sostenibles, como rehabilitación de aceras, alumbrado o pavimentación de calles.