Esta asociación ha presentado su denuncia ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ y el Promotor de la Acción Disciplinaria, que le llamará a comparecer.

Salvador Alba, magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y anteriormente sustituto del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, viene realizando, dice JpD, “actos ilegales en dicho juzgado y en la Sección de la Audiencia Provincial donde sirve, consistentes, fundamentalmente, en la grabación de sus propios compañeros cuando hablan distendidamente en una relación fluida de compañeros de una sección”.

Además, explica JpD, utiliza el contenido de esas grabaciones para “incriminar” a los posibles intervinientes o para defenderse en procedimientos penales abiertos por él o contra él.

Esta actividad, agrega, “compromete el principio de secreto de las deliberaciones de un órgano colegiado, norma básica de actuación de los órganos colegiados, que el señor Alba no tiene el menor reparo de infringir en provecho propio y en perjuicio ajeno”.

En una nota de prensa difundida este martes por JpD se indica que Alba ha presentado dicha grabación en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria en un procedimiento iniciado por él por una denuncia por coacciones presentada en mayo de 2016 y a pesar de que, al menos, la conversación grabada y que afecta a sus compañeros de sección es posterior a los hechos por él denunciados y, por tanto, no tiene ninguna relación con ellos.

En concreto, esta asociación cita que ha sido publicada en `Canarias 7´ la grabación “para denunciar supuestas presiones de su compañero Carlos Vielba”, que “incluye casi 15 minutos de conversación de los cuatro magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia debatiendo asuntos altamente comprometedores sobre casos abiertos”.

Uno de los dos archivos de audio que el magistrado Salvador Alba presentó anteayer ante el juez como prueba para demostrar “supuestas presiones por parte de su compañero Carlos Vielba, incluye una conversación altamente confidencial entre los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia –Emilio Moya (presidente), el propio Salvador Alba, José Luis Goizueta y Carlos Vielba– en la que los tres jueces que no saben que están siendo grabados expresan, en el ámbito reservado de las dependencias judiciales de la Audiencia en el Palacio de Justicia, opiniones altamente comprometedoras sobre procesos judiciales en curso”.

El “dislate”, continúaa JpD, llega al punto de que Alba ha utilizado estas grabaciones en su defensa en procedimientos penales iniciados por él o contra él.

Cita a continuación que los días 3 y 4 de noviembre se ha conocido a través de los medios de comunicación que el juez Alba habría procedido a grabar “subrepticiamente” a los compañeros con los que comparte sección mientras estos debaten y deliberan sobre asuntos en trámite, así como una conversación sostenida con un letrado cuyo contenido, publicado en prensa, se refería a cuestiones que afectan a la vida privada de otros jueces que pertenecen a Jueces para la Democracia.

La asociación agrega que se puede leer en la prensa digital lo siguiente: “La reunión previa a esa declaración del imputado, en la que el juez acuerda con Ramírez cuál debe ser el contenido y sentido de su testimonio, con el fin de sostener las acusaciones contra Victoria Rosell y archivar la causa que afecta al empresario, en base a una supuesta nulidad de las actuaciones de la jueza”.

Estos hechos constituyen una “muy grave” ofensa, dice JpD, “ya no sólo de la dignidad y sosiego en el trabajo de los compañeros, sino que suponen una infracción de la Ley, además de una quiebra de las más mínimas normas de deontología profesional al utilizar el contenido de la grabación en su defensa y contra terceros en un procedimiento penal abierto por el señor Alba”.

Las deliberaciones y votaciones de la Sala son secretas por imperativo del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que, de confirmarse lo publicado en la prensa y que ya ha sido parcialmente difundido, el hecho de que se procediera a grabar a las personas con las que un magistrado comparte Sala mientras estas discuten y deliberan sobre asuntos de su competencia, constituye una “deleznable actuación en contra, ya no sólo de las más mínimas normas de ética profesional, sino también con implicaciones disciplinarias”.