Hasta el momento, el Gobierno ha mostrado su predisposición a aprobar dichas medidas de apoyo, aunque ha defendido que deben articularse a escala europea y con la aprobación de las autoridades comunitarias.

Concretamente, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, quien previsiblemente responderá a la interpelación del Grupo Popular, afirmó que en el caso de que se articulara alguna política de respuesta a los sectores afectados por el cierre del espacio aéreo por culpa de las cenizas volcánicas, esta “tiene que ser europea y recibir el apoyo de todos los países y de la normativa comunitaria”.

Según Sebastián, “el daño ha sido generalizado a toda la economía”, ya que no solo ha afectado al sector turístico, sino que también lo ha sufrido la industria, al no recibir componentes, y la economía en general, al suspenderse reuniones y congresos.

Además, explicó que “aunque aún es pronto para evaluarlo, esperamos que el daño no haya sido intenso”, ya que “los problemas limitados en el tiempo se acaban digiriendo”.

Por su parte, la Comisión Europea ha creado un grupo de trabajo que está evaluando el impacto económico del cierre del espacio aéreo y que posiblemente dará el visto bueno a la concesión de ayudas de Estado. En esa línea se manifestó recientemente el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, quien no considera que este tipo de actuaciones supongan alteraciones de las reglas del mercado.

Algunas patronales turísticas han presentado sus estimaciones de pérdidas: las aerolíneas europeas hablan de 1.250 millones de euros, los hoteles españoles de 200, las agencias de viajes de 18,5 millones y Exceltur de 42 millones diarios en España, sin contar las pérdidas de las compañías aéreas.