El escrito detalla las vulneraciones que a juicio de estas entidades "la citada ley hace de distintos derechos reconocidos en la Constitución Española, como el derecho a la igualdad (art. 14 CE), el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), el derecho a la protección de la salud (art. 43.1 CE), el deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos (art. 39.3 CE), el derecho de libertad de expresión (art. 20 CE), el derecho de presunción de inocencia (art. 24.2 CE), el de seguridad jurídica(art.9.3 CE) , el derecho de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el derecho de educación (art. 27 CE) o el derecho a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 CE), entre otros muchos".

Asimismo, el escrito recoge jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, donde se reconocen diversos derechos que los firmantes entienden que la ley madrileña vulnera, como “el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación acorde con sus propias convicciones”, “el deber del Estado de garantizar la neutralidad ideológica en los centros escolares públicos”, “el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos independientemente de su orientación sexual” o “el derecho a la autonomía del paciente”.

Las asociaciones que firman la petición inciden en que “con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos)”, la ley "aprovecha para imponer una determinada ideología, la ideología de género, como una visión propia y única sobre la persona, la familia y la sexualidad, sancionando a todos aquellos que no la compartan y suponiendo esto un grave atentando contra la libertad".

Además de la presentación de recurso de inconstitucionalidad, los firmantes solicitan al Defensor del Pueblo que pida la suspensión cautelar de numerosos artículos de la ley, por "afectar y vulnerar los derechos fundamentales y constitucionalmente reconocidos", hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto.

Entre las entidades que se adhieren al escrito figuran la Federación Española de Asociaciones Provida, la Asociación Familia y Dignidad Humana, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, la Asociación Hazteoir.Org, el Instituto de Política Familiar, la Asociación Profesionales por la Ética, la Asociación Europea de Abogados de Familia y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.