Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Catilla y León, Cataluña y Valencia son las comunidades en las que si existen centros de atención para víctimas de violencia sexual de género, mientras que Galicia, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Canarias no cuentan con este tipo de servicio especializado.

El informe destaca que este hecho “genera desigualdad territorial y no garantiza estándares mínimos en todo el Estado” y añade que en algunas autonomías, en las que sí se pueden disfrutar de estos servicios, estos “no están garantizados por el Estado, sino que son iniciativas privadas dependientes de las subvenciones públicas”.

En este sentido, Barbara Tardón, de la Plataforma Cedaw Sombra, señaló que “el panorama para las víctimas y para las supervivientes de violencia sexual en España es desolador” y remarcó que “la violencia sexual es una vulneración grave de los derechos humanos” que cuenta con una “escasa respuesta institucional, vulnerando los acuerdos convenciones y tratados internacionales en materia de protección, asistencia y reparación”.

Por su parte, la vocal de Género y Derechos Humanos de Médicos del Mundo, Beatriz Sagrado, declaró que “es necesario un enfoque de género en el ámbito de la salud porque las que sufren en gran medida los recortes sanitarios son las mujeres”, ya que “son las que padecen más discriminación a la hora de acceder a tratamientos de reproducción asistida y son las que tienen que recorrer kilómetros para acceder a un servicio de aborto legal porque en su comunidad autónoma no llevan a cabo este servicio”.

Asimismo, criticó la situación que viven las mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde “hemos detectado mujeres embarazadas que no son atendidas o que se les ha negado parte del tratamiento” y concluyó que “aparte de la voluntad política, la ciudadanía tenemos un compromiso para que se aplique ese enfoque de género”.

Por último, Guillermo González, de la Federación de Planificación Familiar Estatal, explicó que “se ha endurecido el acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo para jóvenes de 16 y 17 años”, que “representaron el 3,35% de los abortos realizados en 2015” e hizo hincapié en que “la falta de regulación de la objeción de conciencia y la disparidad entre comunidades autónomas en cuanto a la información y la atención que se proporciona a las mujeres están suponiendo importantes barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”.